PROPONEN HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN POR EXTORSIÓN QUE OBLIGUE AL CIERRE DE NEGOCIOS EN EL EDOMÉX
*La bancada del PRD plantea elevar penas cuando este delito provoque el cierre total, parcial o el desplazamiento forzado de empresas.
*El coordinador Omar Ortega advierte que la extorsión ya es la segunda causa de quiebra y afecta a miles de negocios mexiquenses.
Toluca, EDOMÉX.– Ante el incremento de extorsiones que asfixian a micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado de México, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) presentó una iniciativa para endurecer las sanciones y castigar con 15 a 20 años de prisión a quienes cometan este delito cuando su acto derive en el cierre total, parcial o el desplazamiento forzado de negocios.
La propuesta, impulsada por el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada perredista, plantea modificar el Código Penal mexiquense para reconocer la vulnerabilidad profunda que enfrenta el sector productivo frente a prácticas delictivas que impactan directamente en la estabilidad económica, la seguridad comunitaria y el bienestar social.
Ortega explicó que, además de la pena de cárcel, la reforma contempla imponer multas de 2 mil a 2 mil 500 días, con el propósito de reforzar el carácter disuasivo de la ley y dejar claro que en el Estado de México se protegerá la actividad económica lícita como un pilar del desarrollo regional.
El legislador subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 90% de las unidades económicas de la entidad, por lo que cualquier agresión o presión criminal que afecte su operación tiene repercusiones amplias en el empleo, los ingresos familiares y la estabilidad comunitaria.
De acuerdo con datos expuestos en la iniciativa, la extorsión se ha convertido en la segunda causa de cierre de negocios en el Edoméx, solo por debajo del pago de renta. Tan solo este año, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México ha registrado más de mil 500 denuncias por este delito, evidenciando una crisis que avanza de forma silenciosa pero devastadora.
La propuesta del GPPRD buscará ser analizada por las comisiones legislativas con el objetivo de incorporar esta agravante al marco penal y establecer una respuesta más contundente del Estado frente a quienes atenten contra la economía de miles de familias mexiquenses.
