FAMILIA PIERDE SU CASA TRAS 23 AÑOS DE PAGO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES NOTARIALES EN EDOMÉX
●Aunque liquidaron su crédito ante Infonavit, enfrentan orden de desalojo por fallas en el registro de la propiedad
●Denuncian negligencia de autoridades y piden intervención del Poder Judicial y Derechos Humanos
Estado de México.– Lo que parecía una historia de esfuerzo y cumplimiento hoy se ha convertido en una pesadilla para una familia mexiquense que, tras pagar durante 23 años su vivienda mediante un crédito del Infonavit, enfrenta una orden de desalojo derivada de presuntas irregularidades notariales y administrativas.
Karina Herrera y su esposo Víctor Sánchez adquirieron su casa de manera formal, firmando el contrato ante Infonavit, con la intervención del notario Gabriel Ezeta Moll y del desarrollador inmobiliario. El crédito, por 273 mil pesos más un pago inicial de 16 mil, fue cubierto en su totalidad, como lo acreditan documentos oficiales y la constancia de liquidación.
Sin embargo, la compraventa no fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, lo que permitió que el inmueble continuara legalmente a nombre del desarrollador. Esta omisión derivó en un embargo mercantil y, posteriormente, en una orden de desalojo, a pesar de que la familia ya había cumplido con todas sus obligaciones.
El juez José Antonio Malanco emitió la orden sin considerar que la familia es ajena al conflicto legal entre terceros, ni valorar los comprobantes de pago emitidos por Infonavit. “Nos están quitando nuestra casa sin deber nada. Cumplimos y ahora pagamos por errores que no son nuestros”, expresó Karina Herrera.
El caso, señalan, no es único. Existen antecedentes de denuncias contra el mismo notario y el desarrollador, además de una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía que, hasta ahora, no ha presentado avances significativos.
Tras más de ocho años de litigio, la familia enfrenta un desgaste económico y emocional, por lo que hizo un llamado urgente al Poder Judicial del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos para que revisen el caso, garanticen justicia y eviten que pierdan su patrimonio por fallas institucionales.
“El derecho a la vivienda no puede depender de errores de quienes debían garantizar la legalidad”, advirtieron.
